El PSOE acusa al Ayuntamiento de contratar de manera irregular los servicios de una empresa de seguridad

El Grupos Socialista vallisoletano ha denunciado irregularidades en la contratación de la empresa Vigila 24 por parte del Ayuntamiento de Valladolid. Según el Partido Socialista el consistorio contrató sin concurso público entre 2009 y 2011 los servicios de la empresa de seguridad vallisoletana, que además carecía de la autorización oficial del Ministerio del Interior. Según los registros de la Dirección General de la Policía obtuvo los permisos en abril de 2012, un año después.

Según ha podido constatar el PSOE, entre diciembre de 2009 y septiembre de 2011 fueron emitidas 19 facturas por parte de Vigila 24 a la Fundación Municipal de Cultura por un importe total que supera los 17.000 euros. Entre los conceptos facturados está la conexión de alarmas y la instalación de sensores, cámaras o centralitas en distintos espacios públicos, como la Casa Colón, la Casa Revilla, la sala de exposiciones de San Benito o el Museo de La Pasión.

Sede de la empresa en Valladolid. / Politicyl

Sede de Vigila 24 en Valladolid. / Politicyl

Subcontratación

A petición del PSOE, el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José María Viteri, confirma en un informe que Vigila 24 realizó labores de “instalación, reparación, restauración y reprogramación de material”. Según el gerente, solo en una ocasión se contó con la oferta de otra empresa, que si tenía la autorización necesaria, pero se desechó por ser más cara (aunque a partir de 2012 pasó a ser contratada de forma permanente para el servicio integral de seguridad de la Fundación Municipal de Cultura).

Una vez adjudicado el trabajo, Viteri reconoce que Vigila 24  subcontrató a la empresa segoviana Drin Seguridad, que en ese momento sí estaba homologada para realizar dichos trabajos. Los socialistas no entienden “qué interés podían tener los responsables municipales en contar directamente con una empresa sin homologar, cuando había otras en Valladolid que sí cumplían los requisitos legales y a las que con la ley en la mano se les podía haber pedido presupuesto”.

Infracción muy grave pero prescrita

La prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización, como la contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente, constituyen infracciones tipificadas de “muy graves” conforme a la normativa que regula las actividades de las empresas de seguridad.

Sin embargo, los socialistas lamenta que estas infracciones prescriben a los dos años y ese plazo se habría cumplido el año pasado, pues la última factura es de 2011. Esta circunstancia impide que el Ayuntamiento y la empresa tengan que asumir ahora ninguna responsabilidad por dicha infracción.

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Publicado el 24 octubre, 2014 en Valladolid y etiquetado en , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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