Artur Mas acusado de cometer cuatro delitos por la consulta del 9-N

La Fiscalía General del Estado ha presentado una querella contra el presidente de la Generalitat por continuar con la celebración de la consulta alternativa a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha ordenado al fiscal superior de Catalunya que presente una querella condenatoria sobre Artur Mas. El litigio contempla indicios de cuatro delitos: desobediencia grave, usurpación, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos.

No solo es objeto de la querella el president, también está dirigida a la vicepresidenta Joana Ortega y ala consejera de Educación Irene Rigau; en “razón de las decisiones y actos adoptados en  el ejercicio de su cargo”, según expresa la querella original, publicada por la Fiscalía General del Estado y medios nacionales como “El Mundo” y “El País”.

Torres Dulce ha destacado que la condición que acredita a la Generalitat de Catalunya como “poder público” hace que las decisiones del Tribunal Constitucional sean de obligado cumplimiento para las instituciones catalanas.

Lo cierto es que el Ministerio Público –también llamado Ministerio Fiscal- ha especificado que la querella lo que pone en duda es la vigencia de las órdenes del Tribunal Constitucional en el territorio catalán. En detrimento de las responsabilidades que de manera individual atañen, tanto al presidente de la generalitat, como al resto de cargos querellados.

El pleito definitivo, publicado recientemente, no supone una excesiva sorpresa para los responsables catalanes, ya que el último resultado es muy similar al mostrado en el primer borrador. El primer boceto fue recibido por la fiscalía catalana al día siguiente de la celebración de la consulta alternativa, esta no fue interpuesta por la clara oposición de la mayoría de los fiscales catalanes y de los miembros de Convergència y Unió.

La oposición de la Fiscalía Superior de Catalunya se opuso a presentar esta querella al considerar que no era necesario interponer acciones legales a los responsables de la consulta alternativa.

Las reacciones en el panorama nacional político no se han hecho esperar, y el líder de la oposición Pedro Sánchez ha expresado que la solución no es interponer una querella, ya que esto “dificulta” la solución. Y ha recriminado al presidente del gobierno que si no se ofrecen soluciones “se convierte en parte del problema”.

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Publicado el 21 noviembre, 2014 en España. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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